El enésimo conflicto provocado por los sectores ultra-derechistas españoles de esta legislatura se ha producido desde el sector de la Iglesia. Una nueva manifestación en contra del gobierno de Zapatero, entre los que se encontraba el cardenal Rouco Varela, ha calificado de modo muy negativo ciertas reformas socialistas -divorcio express, ley del matrimonio homosexual, y e debate sobre el aborto- llegando a valorarlas como que estas legislaciones y acuerdos suponían retroceder en materia de derechos humanos y de grado de democracia de la sociedad. Es evidente, con todo, que la Iglesia ha interpelado al estado. Bastante es que este sea un estado confesional -y respetable, hasta la fecha, porque sus ciudadanos son mayoritariamente católicos, todavía- mas la Iglesia no debe meterse en política, como antaño. Entonces el cura influía al pueblo, en estos momentos no es así. Además, otro tema que ha recordado De la Vega es el del IRPF. Desgravamos en beneficio de la Iglesia, independientemente de que seamos religiosos o no. Para rizar el rizo, el feligrés puede proceder de otra nacionalidad y religión. En ese caso, para qué tiene que desembolsar un impuesto que no le tendría que tocar abonar, por lógica evidente. Tal vez la Iglesia prefiera legislar más justamente alguno de estos aspectos: si somos católicos o laicos, como estado, o si pagamos el IRPF o dejamos que la gente lo elija, como se ha debatido tantas veces. De momento, ya pone el grito en el cielo por la ley sobre los homosexuales. Que el Papa o la Iglesia no los acepten en su religión machista es comprensible, otra cosa es que se manifiesten y critiquen a un Ejecutivo y a un Parlamento, que somos todos los ciudadanos. En ese sentido De la Vega ha replicado que no es tolerable que se falte a la verdad. Añadió que no se va a retroceder a tiempos en que se imponía una única moral. Entre tanto, no puede pasarse por alto el papel del PP, puesto que quieren quedar en un segundo plano estratégico a todo esto, y no queda clara su posición. La oposición pasa el tiempo presente en hablar de economía, que siempre resulta más "barato" que perder el voto gay. Al preguntársele por la manifestación de los obispos de hace diez días, se encongen de hombros, sin saber bien qué contestar. Al final, Rajoy ha declarado que no abolirán las leyes socialistas puestas en entredicho por los cardenales Rouco Varela y García-Gasco. Aunque en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, queda menos claro todavía. El PP ha afirmado que si el Constitucional aprueba la ley no la cambiará, pero después dirán, como han venido haciendo recientemente, que el poder judicial está politizado. A juzgar por las declaraciones de Rajoy, aseverando que el punto de vista de los que defienden la familia, y de paso, la derogación de la consideración de matrimonio a otras personas, es lícito, está bastante clara su postura en esta cuestión. Surge la pregunta de si creen que una pareja gay no puede formar una familia igualmente. También que el PP le aclare al colectivo homosexual si va a modificar la ley de matrimonios en caso de que llegue al poder en marzo. Por el momento se mantiene secretismo con respecto al programa electoral, incluso se han tomado medidas para evitar que haya filtraciones a la prensa. Sobre el divorcio exprés, existe también una doble moral: la gente no se va a divorciar más porque exista la posibilidad de divorciarse con más facilidad, sino que tendrá que aguantar y esperar menos. A la Iglesia le gustaría más que la gente se casara para toda la vida, pese a la infelicidad, la hipocresía o los engaños.
En síntesis, que la Iglesia se ocupe de sus menesteres, que el PP, y que, ambos, en armonía, abandonen su doble moral. Basta ya de manifestaciones de extrema derecha, de criticar sin criterio ni argumentos al gobierno, y que muestren sus cartas, que el Partido Popular, por ejemplo, hable de su programa electoral.